Los diputados de la Comisión de Agropecuarios recomendaron al Plenario Legislativo el resello de la ley -vetada por el presidente Carlos Alvarado- que permitiría retomar la pesca de arrastre de camarón. La preocupación que ellos sienten por los pescadores que se quedaron sin su único sustento es genuina. Pero uno siempre debe medir las posibles consecuencias de sus actos antes de tomar decisiones.
La pesca de arrastre es una de las técnicas más destructivas que existe: no solo acaba con la naturaleza, sino también con otras actividades económicas. El problema no se reduce a que las redes camaroneras atrapan una enorme cantidad de otras especies –lo que se llama pesca incidental–, sino que la destrucción del fondo marino provocada por el arrastre de las redes provoca la desaparición de muchas hectáreas de hábitats y fuentes de alimentación necesarios para otras especies marinas. Como está bajo el mar, cuesta más que el público vea el daño, pero equivale a arrasar con tractor hectáreas de bosque primario y matar a todas las plantas y pájaros, para cazar unas cuantas guatusas.
Con la pesca de arrastre se acaba con las especies marinas y, con ellas, miles de fuentes de empleo y de sustento para los pescadores artesanales, la pesca comercial de pequeña y mediana escala y la pesca turística que tantos recursos le genera al país. Reactivar la pesca de arrastre tendría consecuencias nefastas para los miles de familias que dependen de estas otras actividades.
Ahora bien, la decisión de prohibir la pesca de arrastre se tomó, como muchas otras, sin medir las consecuencias. Centenares de familias, sobre todo en Puntarenas, que es una de las regiones del país más golpeadas por el desempleo y la inseguridad, se han quedado sin sustento y sin la posibilidad de hacer lo único que saben hacer y han hecho toda la vida. Y la asistencia del Estado –ese que, para poner trabas e impuestos, siempre dice presente– brilla por su ausencia.
Era necesario prohibir la técnica del arrastre. Pero no podíamos hacerlo así nomás, sin resolver el problema de quienes se iban a quedar sin su actividad económica principal. El Estado tiene programas de capacitación y de reconversión productiva, y debió diseñar una oferta a la medida de los excamaroneros para no dejarlos al garete. Hoy existen en el Golfo de Nicoya granjas marinas para el cultivo de camarón, pero ninguno de los pescadores desplazados fue tomado en consideración para dicho proyecto.
Desde el PLP+, instamos a los diputados a rechazar el resello del expediente No. 21.478, para evitar un daño un mayor a nuestros océanos, a las actividades pesqueras que dan sustento a miles de familias y a la visitación turística a nuestro país. Exigimos al gobierno poner en marcha un plan de emergencia para ayudar a los pescadores y a las peladoras de camarón a reincorporarse a la fuerza laboral a la brevedad posible.